Este capítulo presenta una versión preliminar del marco teórico para el análisis del fenómeno de integración vertical que orienta la investigación sectorial propuesta. Se concentra en este documento de propuesta en el análisis del comportamiento oportunista y la apropiación de rentas, elaborado por Klein, Crawford y Alchian (1978) y se consideran fuentes complementarias iniciales tales como Coase (1937, 1960) y Williamson (1968, 1971, 1979, 1989, 2002).
La contribución de Coase a la explicación de la integración vertical es fundamental porque obliga a incorporar en el análisis económico, de manera explícita, los costos de transacción, de coordinación y contratación. En general, Coase ha influido de manera determinante en el análisis económico institucional y en la corriente que se denomina análisis económico del derecho. Esta última es una invitación epistemológica a considerar la teoría positiva del derecho, con fuerte base empírica y analítica, como fuente de la teoría normativa, de la construcción de argumentos jurídicos, así como la definición de normas reguladoras y estrategias de interpretación (Vermeule, 2008a).
Coase obliga a los economistas a observar las restricciones que se imponen a la firma en sus transacciones, que la lleva a internalizar dichas transacciones dentro de la organización o a realizarlas en el mercado, según criterios de eficiencia. De esta manera se postula que una organización maximizadora de ganancias preferirá administrar internamente todas las actividades que resulten menos costosas que comprarlas en el mercado (Klein, Crawford y Alchian, p. 297). A estos postulados se suma un costo particular del sistema de mercado que debe entrar a considerarse según Klein, Crawford y Alchian: la posibilidad de la conducta oportunista post-contractual.
Esta conducta oportunista ya había sido identificada por Williamson, para quien siempre existe este riesgo dado que en un contrato es imposible prever y especificar todas las contingencias que pueden producirse durante su ejecución. Para Klein, Crawford y Alchian, el principal riesgo es provocado por la presencia de cuasi rentas especializadas apropiables (1978, p. 298). Generalmente este problema se resuelve, siguiendo el marco teórico de Coase, mediante formas de gobernanza o control como la integración vertical y los contratos. Se asume que entre más específicos son los activos mayores son las cuasi rentas apropiables y, por lo tanto, la probabilidad de obtener ganancias mediante la conducta oportunista también aumenta (p. 298). En este sentido, los costos de la contratación con terceros en el mercado resultan más elevados que los costos implicados en la integración vertical, por lo que, ceteris paribus, aumenta la probabilidad de que se produzca la integración vertical (IV).
El problema que se plantea en esta investigación, partiendo de la hipótesis formulada por Klein, Crawford y Alchian (1978, p. 298) es, si existiendo restricciones institucionales en el sector salud para que se produzca la integración vertical de las EPS que supere en un treinta por ciento (30%) el gasto total en prestaciones incluidas en el POS para sus afiliados, que se financia con la UPC, qué conductas oportunistas se observan y qué efecto generan en términos de eficiencia y sostenibilidad para el Sistema en su conjunto, y no ya para cada EPS considerada de manera individual que, siguiendo a Coase, se presume que le resulta más eficiente y le genera más ganancias la estrategia de integración vertical. Este aspecto es esencial en el análisis de la integración vertical en el sector salud colombiano porque, descontada las ventajas de esta estrategia para cada EPS considerada individualmente, queda pendiente por conocer las conductas oportunistas y sus efectos sobre la distribución de rentas entre los demás actores del Sistema, como los prestadores y médicos, que no sólo afectan la eficiencia del Sistema en su conjunto sino que pueden tener implicaciones para la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios.
En este sentido, este planteamiento obliga a explicar la naturaleza de los activos y sus inversiones. Williamson (1989) explica que las tres dimensiones básicas en la economía de los costos de transacción son: la especificidad de los activos, la incertidumbre y la frecuencia. En la Introducción de este documento se avanzó en las dos primeras. A continuación se explican con más amplitud cada una de estas dimensiones. También se advierte la importancia de los derechos de propiedad en el análisis en la medida que estos definen quién tiene derecho a usar un activo, quién tiene derecho a los rendimientos o ganancias sobre dichos activos, y quien tiene derecho a cambiar su uso o destinación (Williamson, 1989, p. 37; Eggertsson, 1996, p. 7-9).
El término costos de transacción se refiere a los costos de oportunidad que para un actor implica establecer y mantener internamente el control sobre unos activos o recursos (Eggertsson, p. 8). Por este motivo, deben distinguirse los controles exógeno y endógeno implicados en los derechos de propiedad. El control exógeno se soporta en la estructura de instituciones formales que reconocen y asignan estos derechos, tales como las normas constitucionales y legales, y los terceros que los protegen y hacen cumplir como los agentes estatales, jueces y policía. El control endógeno depende de la capacidad de cada agente para establecer, invertir y proteger sus activos (p. 8). La existencia de un marco institucional adecuada implica para un individuo una reducción de los costos de transacción asociados a sus activos. En una economía de mercado los individuos realizan transacciones sobre sus activos para maximizar sus ganancias. En ausencia de un marco institucional formal y de autoridades estatales, los individuos dependen en mayor medida de su capacidad para invertir y proteger sus activos; en presencia de dicho marco y de esas autoridades, los individuos dependen en menor medida de su capacidad para ejercer el control endógeno.
Los contratos son un aspecto esencial en el análisis económico. En sus acuerdos privados, los individuos se esfuerzan por especificar ex ante todas las condiciones de las transacciones que llevan a cabo y de prever todos los riesgos posibles. Sin embargo, el principal riesgo se produce ex post: la probabilidad de incumplimiento del contrato por una de las partes y los costos derivados de dicho incumplimiento para la otra parte. También se observa la probabilidad de que una de las partes recurra a maniobras no previstas originalmente en el contrato para modificar las condiciones iniciales, como obtener una rebaja de tarifas, con lo cual se procura una mayor participación en la distribución de las rentas que genera la transacción.
En este sentido, los derechos de propiedad son esenciales en el análisis pero no suficientes porque el uso de los activos y los rendimientos que se derivan de ellos dependen en buena medida de los contratos que los individuos realizan y de los costos asociados a su incumplimiento. De acuerdo con Williamson: “La economía del costo de transacción plantea la cuestión de la organización económica como un problema de contratación” (1989, p. 30). Cada actividad, como la atención médica, puede organizarse de diferentes maneras. Implica considerar los insumos necesarios para producir dicha actividad y la forma de entrega o distribución. En este sentido, cada una de las formas de organización de la actividad se asocia con “…un mecanismo explícito o implícito de contrato y apoyo.” (p. 30) De ahí la importancia de determinar los costos de cada mecanismo empleado.
Estos costos de transacción son ex ante cuando se refieren a la fase de negociación y especificación de los contratos; y ex post, cuando se refieren a la fase de su cumplimiento y de contingencias no previstas inicialmente. Según Williamson, los costos ex ante y ex post son interdependientes y en ocasiones muy difíciles de cuantificar (1989, p. 32). De acuerdo con Williamson, siguiendo a su turno a Simon (1978), esta dificultad puede superarse evaluando siempre los costos de transacción en una forma institucional comparando una forma de contratación con otra sin necesidad de determinar su magnitud absoluta, lo cual se obtiene del microanálisis de las transacciones, en la tradición forjada por Coase (1937).
Según Simon, para la comparación de alternativas estructurales discretas basta con emplear un mecanismo primitivo para demostrar la existencia de desigualdad entre dos cantidades sin recurrir a un mecanismo matemático refinado o a un cálculo marginal (1978, p. 6). Advierte Williamson que: “La investigación empírica sobre el costo de transacción no intenta casi nunca la medición directa de tales costos. Por el contrario, se trata de saber si las relaciones de la organización (prácticas de contratación; estructuras de gobernación) corresponden a los atributos de las transacciones como lo pronostica el razonamiento del costo de transacción” (1989, p. 32).
De acuerdo con este autor, los costos de transacción ex post asumen diversas formas, tales como: “1) los costos de mala adaptación en que se incurre cuando las transacciones se salen del alineamiento […]; 2) los costos de regateo en que se incurre cuando se hacen esfuerzos bilaterales para corregir malas alineaciones ex post; 3) los costos de establecimiento y administración asociados a las estructuras de gobernación (que a menudo no son los tribunales) a las que se envían las disputas, y 4) los costos del aseguramiento de los compromisos.” (Williamson, 1989, p. 31-2). Como advierte también Ostrom, buena parte de los costos de transacción están referidos al control y supervisión de los acuerdos institucionales, generales como las constituciones y leyes, o privados, como los contratos (2000). En este sentido, resulta esencial para el análisis determinar estos costos en ausencia de una regulación y control estatal (más intensa, como la que se observa en el sector salud colombiano), de manera que se puedan precisar las medidas necesarias para reducirlos o determinar qué actores deben asumirlos y contra qué fuentes de recursos.
De acuerdo con Williamson (1989, p. 51-2), la economía del costo de transacción descansa en los siguientes supuestos, a saber:
“1. La transacción es la unidad básica de análisis.
“2. Cualquier problema que pueda plantearse de manera directa o indirecta como un problema de contratación se investiga provechosamente en términos de la economización del costo de transacción.
“3. Se realizan ahorros del costo de transacción asignando las transacciones (cuyos atributos difieren) a las estructuras de gobernación (que son los marcos de organización en los que se decide la integridad de una relación contractual) en una forma discriminante. En consecuencia:
a) Deben identificarse los atributos que definen las transacciones.
b) Deben describirse los atributos de incentivo y adaptación de estructuras de gobernación alternativas.
“4. Aunque a veces se emplea el análisis marginal, la implantación de la economía del costo de transacción comprende una evaluación institucional comparada de alternativas institucionales discretas, entre las cuales se ubica en un extremo la contratación de mercado clásica, mientras que la organización centralizada, jerárquica, se ubica en el otro extremo, y los modos mixtos de organización de la empresa y el mercado se ubican en un punto intermedio.
“5. Todo esfuerzo por abordar seriamente el estudio de la organización económica deberá ajustarse a las ramificaciones combinadas de la racionalidad limitada y oportunismo ligados a una condición de especificidad de los activos.”
En el análisis de los costos de transacción se distinguen tres niveles de racionalidad, según Williamson, a saber:
(a) Maximización, que es la forma fuerte de racionalidad, para lo cual deben considerarse todos los costos pertinentes, en la cual la contratación con derechos contingentes constituye la forma más ambiciosa. Según Williamson: “El mundo se reduce a un solo regateo gigantesco y definitivo (Meade, 1971, p. 166), de modo que la tecnología, las dotaciones iniciales y las preferencias y percepciones del riesgo están plenamente identificadas." (1989, p. 54).
(b) Racionalidad limitada, que es la forma semifuerte, es el supuesto cognoscitivo sobre el cual descansa todo el análisis económico en el sentido no sólo de que los individuos tienen acceso a información y a recursos limitados para la toma de decisiones, sino también que la comprensión misma de dicha información también es limitada. Ahora bien, la economización de la racionalidad limitada asume dos formas, según Williamson, a saber: una se interesa por los procesos de decisión y la otra de las estructuras de gobernación (1989, p. 55). En este sentido, la economía del costo de transacción “…se ocupa principalmente de las consecuencias de economización de la asignación de las transacciones a estructuras de gobernación en una forma analítica. Cuando se afrontan las realidades de la racionalidad limitada, deben considerarse expresamente los costos de la planeación, adaptación y monitoreo de las transacciones. ¿Cuáles estructuras de gobernación son más eficaces para cuáles tipos de transacciones? Ceteris paribus, los modos que exigen mucho de la competencia cognoscitiva están relativamente en desventaja.” (p. 55).
(c) Racionalidad orgánica o de proceso, que es la forma más débil, se ocupa de la interacción de los individuos en relación con las instituciones como el dinero, algunos aspectos de los derechos de propiedad y la ley, sin embargo Williamson advierte que un catálogo completo de estas instituciones no es posible observarlo en la mente de ningún individuo por lo que las decisiones se toman en consideración con los medios disponibles, ceteris paribus. Esto no excluye la necesidad de complementar la racionalidad limitada con la orgánica (p. 56).
Williamson también distingue tres niveles de búsqueda del interés propio, a saber: la forma más débil es la obediencia, donde la manifestación extrema es la esclavitud; la forma semifuerte es el interés propio como se concibe en los modelos de maximización de la utilidad que caracterizan la economía neoclásica, que puede ser cuantificable como la obtención de ganancias o no cuantificable como la obtención de placer; y la forma fuerte que es la conducta oportunista, que para Williamson, es “…la búsqueda del interés propio con dolo. Esto incluye algunas formas más flagrantes tales como la mentira, el robo y el engaño, pero no se limita a ellas.” (1989, p. 57).
Williamson señala que “…el oportunismo comprende algunas formas sutiles de engaño” que pueden ser activas o pasivas, ex ante y ex post en relación con las formas de contratación e interacción individual. Las manifestaciones de oportunismo sutil son la selección adversa y el riesgo moral. Según Williamson, estas manifestaciones corresponden a la incapacidad de los individuos para distinguir los niveles de riesgo y la renuencia de quienes conocen sus riesgos de revelar la información al respecto. De ahí los problemas relacionados con las asimetrías de información entre las partes de una transacción. En este sentido, Williamson define el oportunismo como “…la revelación incompleta o distorsionada de la información, especialmente a los esfuerzos premeditados para equivocar, distorsionar, ocultar, ofuscar o confundir de otro modo.” (p. 57)
La pretensión de las instituciones es gobernar el comportamiento mediante la imposición o el acuerdo de reglas. El análisis económico exige indagar más allá en las condiciones reales en las cuales las conductas y decisiones de los individuos son guiadas por la información sobre las rentas o ganancias y de los costos involucrados en una transacción.
Se señaló previamente en este documento que la especificidad de los activos es la dimensión más relevante para la economía del costo de transacción al igual que la incertidumbre. Los activos específicos se comprenden mejor si se les contrasta con los activos estandarizados, es decir, aquellos que carecen de atributos especiales. La noción de la especificidad se predica respecto de cuatro tipos de activos: el sitio o ubicación geográfica; los activos físicos; los humanos; y los dedicados. En este sentido, por ejemplo, para la construcción y operación de un puerto las condiciones geográficas de acceso y proximidad constituyen atributos esenciales. En el caso de los activos físicos, no es lo mismo una máquina de fotocopiar documentos que una máquina de resonancia magnética que permite detectar la presencia de tumores en un organismo. En el caso de los individuos, se distinguen aquellos que requieren de conocimientos y destrezas básicas para realizar una labor operativa de aquellos que se requieren con conocimientos y destrezas especiales para realizar, por ejemplo, una intervención quirúrgica. Los activos dedicados son aquellos que cuentan con un comprador particular, como es el caso de la producción de turbinas para aviones o la producción de medicamentos por las farmacéuticas en el caso del sector salud. Aspectos como la sustitución de activos y el tamaño de las inversiones dependen en buena medida de la presencia de atributos específicos, lo que permite suponer que entre mayor el nivel de especificidad de los activos mayores son las inversiones requeridas, mayores las pérdidas y, por lo tanto, mayores los riesgos y el costo de las salvaguardas contra las contingencias (Williamson, 1989, p. 64-5). Por lo tanto, entre mayor es la especificidad de los activos mayor es la necesidad de recurrir a “…prácticas de contratación no convencionales” (p. 66).
La integración vertical es una forma de gobernación o gobernanza [governance] en la cual una organización decide producir internamente ciertos bienes y servicios que comprarlos en el mercado porque resulta menos costoso. Contrario sensu, se decide contratar con terceros en el mercado porque resulta menos costoso por efectos de eficiencias que se obtienen de la competencia de precios y de las economías de escala. En uno y otro caso, la especificidad de los activos es un factor determinante. Si se contrata con terceros en el mercado, la frecuencia de uso y la especificidad de los activos determinan si se realiza un contrato por una sola transacción o si se contrata a corto o a largo plazo para el caso de transacciones repetidas. En el caso del sector salud colombiano, también determina si se contrata por capitación o por evento o por paquete, estrategias condicionadas formalmente por el marco institucional como se advierte en la Ley 1438 de 2011.
Una organización puede generar economías de escala dedicándose a la producción de bienes y servicios estandarizados, cuya adquisición resulta menos costosa en un mercado competitivo, como los servicios de vigilancia privada y aseo. En otras ocasiones, para una organización que debe producir servicios especializados como la atención médica que requiere fuertes inversiones en activos específicos como tecnología, medicamentos y personal médico asistencial, puede resultar menos costoso integrarse verticalmente. Sin embargo, es importante diferenciar cada insumo y cada producto para refinar el análisis que se propone en esta investigación. En este sentido, para una EPS puede resultar intuitivamente más costoso producir medicamentos que comprarlos a una farmacéutica especializada en la investigación y producción de los mismos. La contratación externa de servicios de salud no sólo involucra activos específicos como tecnologías, medicamentos y personal médico sino también activos estandarizados como edificios, ascensores, papelería, computadores, entre otros. En este sentido, el análisis de los costos involucrados y la preferencia por una forma determinada de gobernanza o contratación requieren un conocimiento empírico desagregado del sector salud y una exposición más rigurosa y detallada que exceden los objetivos de este marco teórico preliminar.♣
No hay comentarios:
Publicar un comentario